Preocupa la respuesta de las autoridades civiles ante graves denuncias

Por Paulina Vodanovic
La Tercera
02.03.2020


La Alta Comisionada Michelle Bachelet y Amnistía Internacional han tenido que volver a pronunciarse sobre la extensión y gravedad de las violaciones a los derechos fundamentales en el intento de los agentes del Estado por mantener el orden público.

Lo que corresponde en una democracia es acoger este tipo de recomendaciones y tomar medidas efectivas. Nunca está de más repetirlo: quienes conducen el gobierno deben preocuparse de las vidas
de todas las personas que habitan en este país.

Es por eso que vemos con preocupación las respuestas de las autoridades políticas civiles de las cuales dependen las fuerzas estatales ante hechos confirmados y documentados.

Poner en tela de juicio la credibilidad de organismos internacionales –en los cuales descansa parte importante de la protección de los derechos humanos a nivel global– es inquietante por varias razones. Junto con la pregunta por la real capacidad del gobierno de asegurar el adecuado funcionamiento de Chile y sus instituciones, cabe preguntarse por la valoración de los derechos humanos.

La validez de los informes emitidos por organismos que velan por la defensa y promoción de los DD.HH. no puede quedar supeditada a la
conveniencia del gobierno, sea cual sea. Pero además, se ha instalado un manto de duda sobre el compromiso real por determinar las responsabilidades por los atropellos cometidos. Tanto a nivel operativo como político.

Todavía es tiempo de revertir estos errores. Piñera y su equipo ministerial aún pueden cambiar de actitud y dar cumplimiento a las obligaciones internacionales y nacionales de respeto, promoción y protección de los derechos fundamentales de todas y todos. De lo contrario, es difícil pensar en una peor estrategia para generar confianzas que ayuden a alcanzar acuerdos políticos amplios.