¿Modernización o reforma a Carabineros?

Por Alejandra Luneke
La Tercera
24.11.2020


Tras los graves hechos ocurridos en el centro de menores en la ciudad de Talcahuano la semana pasada, el general Rozas presentó su renuncia al cargo de general director de Carabineros. Asumió el mando institucional el entonces subdirector, general Ricardo Yáñez, cuarto general director en menos de tres años.

En el acto comunicacional realizado por el gobierno con la “Unidad Coordinadora para la Reforma policial”, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Galli, anunciaron los ejes generales de los cambios en la institución. En sus discursos, al igual que en las palabras entregadas por el actual general director Yáñez, se habló indistintamente de reforma y/o de modernización de Carabineros.

Esta indistinción semántica merece ser aclarada. Tras un año de anuncios sobre este tema, y después de los graves hechos que han seguido ocurriendo en 2020 con relación a la actuación policial, es urgente saber a qué se refieren las autoridades cuando hablan de modernización y/o reforma. No queda claro en el discurso la diferencia, aunque ambos conceptos implican distintos niveles de profundidad en los cambios a los que se aspiran.

Y es que “modernización” alude a procesos de gestión, de mejoramiento de protocolos, de administración de recursos e instalación de procedimientos, muchos de los cuales están siendo revisados por la misma policía y/o discutidos en la agenda legislativa. Pero cuando hablamos de “reforma”, aspiramos a repensar y rediseñar estructuras, procesos y funciones que implican por supuesto a Carabineros, pero también a todo el sistema de seguridad.

Cuatro generales directores han sido nombrados en los tres últimos años; mismo número que ministros del Interior. En las últimas décadas, nunca presenciamos una crisis de esta magnitud en materia de seguridad y, por tanto, asentar una reforma policial es urgente no solo para mejorar la legitimidad de Carabineros, sino, y sobre todo, para asegurar la protección y seguridad de la ciudadanía.

Así entonces, la reforma debería considerar, al menos: a) cambios en los procesos de formación y capacitación policial, tanto de los objetivos y contenidos de las mallas curriculares como de sus distintos planteles docentes; b) analizar la estructura institucional y rediseñar el sistema de doble escalafón (oficialidad y sub oficialidad) para asegurar mayor igualdad en el acceso a desarrollar una  carrera funcionaria que permita ascensos por mérito y no por jerarquía militar; c) reorganización de estructuras de funcionamiento que permitan hacer más eficientes las tareas y recursos de vigilancia en los territorios, para evitar el “despoliciamiento” de barrios y sectores periféricos.

Pero también esta reforma debe apuntar a diseñar un nuevo sistema de seguridad en el país y replantear su institucionalidad y afirmar el mando civil sobre la institución. Un sistema que sea capaz no solo ejercer más control político, sino que también observación y control desde la ciudadanía (sociedad civil) en la materia.

Hoy, es urgente conocer más detalles de cuál es la hoja de ruta del gobierno en este ámbito y así saber cuáles serán los verdaderos alcances de las propuestas.