Desafíos presentes y futuros: Policía, democracia y derechos humanos

Por Paulina Vodanovic
Mensaje
05.05.2020

La calidad de nuestra policía es uno de los pilares de un buen funciona-
miento democrático. Además de la seguridad, de ello dependen temas tan
centrales como la igualdad ante la ley, el ejercicio de las libertades y las condiciones para que exista una cultura de respeto de los derechos humanos. Dicho de otro modo, en las prácticas policiales descansa
parte importante del pacto social sobre qué cabe esperar del Estado.
Siguiendo la clásica definición de Max Weber, en un Estado son los gobernantes los detentores del monopolio del uso de la fuerza legítima. Las sociedades han dejado en manos de personas especializadas, por su formación y profesionalismo, el ejercicio de dicha fuerza legalmente
aceptada, las policías. Pero esto tiene una contrapartida que no podemos olvidar: hay reglas para el uso de dicha fuerza y hay un control del conjunto de la sociedad sobre estas acciones, porque de allí pro-
viene la legitimidad que se les reconoce.

Por eso hoy Chile espera más de sus policías, en particular de Carabineros.
Durante el estallido social quedaron al descubierto las limitaciones de la institución para cumplir su misión de asegurar seguridad y orden público. La complejidad de la situación invita a la prudencia al momento de evaluar las deficiencias operativas y de inteligencia. Pero donde no hay dos lecturas posibles es sobre la gravedad de la extensión de vejaciones y atropellos a los derechos fundamentales de manifestantes y detenidos.

Recordemos que, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, 3.838 personas resultaron heridas desde el 18 de octubre 2019 al 19 de marzo, en prácticamente todo Chile y en un número muy mayoritario como resultado de acciones policiales. Tan preocupante como los abusos es la falta de transparencia para la entrega de información y la rendición de cuentas al país. Los antecedentes son más que suficientes para señalar que el control civil está lejos de estar asegurado, afectando directamente la legitimidad institucional y la credibilidad estatal en su conjunto.

Atendiendo a la gravedad de la crisis de Carabineros, el go- bierno ha puesto finalmente en marcha una reforma, frente a la cual interesa precisar algunos desafíos, presentes y futuros.

En busca de una reforma real

El primer desafío es convocar a todas las fuerzas políticas y sociales para hacer una transformación de fondo a Carabineros de Chile. El rol del gobierno es determinante en este punto y todavía está por verse si existe una auténtica voluntad política de hacer cambios profundos. Está en lo correcto el ministro del Interior cuando señala que no todo pasa por nuevas leyes, pero sería altamente inquietante que eso se traduzca en meras modificaciones de reglamentos y actualizaciones de protocolos.

Ha sido precisamente ese tipo de respuestas lo que nos tiene en la situación actual. Cuesta creer que problemas estructurales, como la débil tuición de la autoridad civil, se pueden resolver sin modificar la composición de los cuerpos decisorios o las atribuciones y dependencia de los órganos de control. Por el bien de nuestra democracia, esperamos que esta sea una
reforma real y no solo una operación de maquillaje.

Un rol para la sociedad civil
El segundo desafío es la participación, es decir, quiénes deben ser parte del proceso de reforma, si queremos que, al fin, se asuma como una tarea de Estado. Debe haber una participación que lo garantice, más aún cuando el gobierno anticipa que la reforma se extenderá hasta el 2027, cuando se cumpla el aniversario número cien de la fundación de Carabineros de Chile.

Esto pasa al menos por cuatro aspectos. Uno, debe estar asegurada la diversidad de visiones especializadas, para que se ponga al servicio de esta compleja reforma todo el conocimiento y experiencia acumulada desde el terreno, la investigación y la evaluación de las políticas públicas. Dos, se debe pensar en algún modo de garantizar una cierta estabilidad de los cuadros técnicos responsables de empujar hasta el 2027 la reforma, para que los aprendizajes no se pierdan en cada cambio de gobierno. Tres, debe, de una vez por todas, permitirse a la sociedad civil ser parte de la discusión, siguiendo las mejores experiencias comparadas. No habrá cambios de fondo si la discusión se reduce a autoridades y expertos, como tampoco puede pensarse en avanzar a una mayor vigilancia ciudadana si no se hace parte a la sociedad civil desde el inicio. Cuatro, merece una especial atención la forma en que Carabineros participe: que un incumbente se haga cargo de su propia reforma genera varias complejidades.

Compromiso con la dignidad de las personas
Un tercer desafío es que los derechos humanos sean parte constitutiva de la reforma de Carabineros. Chile debe aspirar a que su principal institución policial tenga un compromiso inquebrantable con la dignidad de toda persona. Eso no va a ocurrir sin una decidida acción política. Hasta ahora, esta materia no ha sido contemplada como tal en la propuesta del gobierno, la que solo menciona dentro de los puntos prioritarios la «prevención de conductas indebidas, tanto en lo operativo como en lo financiero». El grupo convocado por la Comisión de Seguridad del Senado (Espacio Público, Chile 21 y Paz Ciudadana) sí considera el tema de DD.HH. como uno de los cinco principios de la reforma. ¿Por qué? Porque es parte de los estándares internacionales de modernización policial y de avance democrático. En el caso chileno, esto adquiere aún más importancia para la recuperación de la legitimidad y para dejar en el pasado los horrores de la dictadura.

La policía debiera ser la primera promotora y defensora
de los derechos humanos de todas las personas por igual. No solo evitar vulnerarlos, también promoverlos activamente. No es una utopía, es lo que debiéramos pedir en el siglo XXI a los agentes del Estado responsables del orden público. Carabineros puede avanzar a una cultura organizacional verdaderamente comprometida con los derechos humanos y que esta sea parte de su sello distintivo y orgullo institucional, tal como alguna
vez fueron las conductas de probidad.

Este cambio pasa por una profunda revisión de la formación de todos los funcionarios, oficiales y suboficiales. No basta con incorporar más horas de DD.HH. en la malla curricular, se debe llevar al trabajo en terreno, a la aplicación en los procedimientos operativos. El discernimiento ético debe tener la misma importancia que la eficacia en las labores de control del orden público y debe quedar reflejado en los desempeños y ascensos.

Ello implica, entre otras cosas, capacitaciones experienciales periódicas. Sólo así empezará a cambiar el acercamiento al tema por parte de los funcionarios y los protocolos dejarán de ser letra muerta. Además, la reforma debe hacerse cargo de una revisión exhaustiva de los mecanismos de control interno y externo para investigar y sancionar abusos. Tal como señalan las recomendaciones de Human Rights Watch, se debe «reformar el sistema de disciplina para que las decisiones disciplinarias las adopte una autoridad que no esté en la cadena directa de mando de la persona implicada».

Finalmente, debe avanzarse mucho más en la rendición de cuentas a la ciudadanía, materializando el monitoreo y la dependencia de los uniformados ante el poder civil. El informe de la Alta Comisionada de DD.HH. de Naciones Unidas propone, por ejemplo: «Impulsar reformas estructurales que asegurar la supervisión civil y el monitoreo independiente de sus actividades, fortaleciendo la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas como principios rectores».

En definitiva, estamos a tiempo de recuperar el tiempo perdido y evitar que nuestra policía siga actuando con una autonomía que es peligrosa para la institución y nuestra democracia. Una institución que transparente sus acciones y con mecanismos de control abiertos a la supervisión de toda la sociedad tendrá el respaldo de todo un país. Chile, su democracia, su gente, no pueden seguir esperando.