Carabineros y Derechos Humanos: no podemos seguir esperando más

Por Paulina Vodanovic
La Tercera
06.10.2020


Las vulneraciones a los derechos humanos por parte de Carabineros son un hecho indiscutible. Frente a prácticas reiteradas, y agudizadas desde octubre, cabe ahora preguntarnos por nuestra capacidad de reacción como país.

No podemos naturalizar estos hechos y continuar levantando una estadística de lesionados, mutilados y muertos durante las manifestaciones. Tampoco podemos permitir que el resguardo del orden público sirva de justificación a lo injustificable.

Además de ser testigos de actuaciones de nulo profesionalismo, vemos a una institución que se apura en respaldar a sus funcionarios sin esperar ni la investigación administrativa ni judicial. Peor aún: confirmamos que le importa más el desenlace en tribunales que el deber de prestar asistencia a una víctima, como ocurrió el viernes 2 de octubre en el puente Pio Nono.

Hemos llegado al punto de preguntarnos si en Carabineros hay sistemáticamente autores, cómplices, encubridores. La justicia tiene la palabra. Pero ¿cómo es posible que tengamos que considerar a funcionarios de nuestra policía como un peligro para la sociedad?

El daño al estado de derecho es gravísimo. Esa es la magnitud y ese es el punto de inflexión que ya no acepta demoras del mundo político.

Se ha dicho que se le dará urgencia a la ley de modernización de las policías, pero no es suficiente. Carabineros no necesita un maquillaje, ni más recursos que no son posibles de fiscalizar adecuadamente como -lamentablemente- hemos visto. Reforma o refundación, más allá de las palabras se requiere cambios estructurales.

La evidencia ya es tajante acerca de la ineficiencia de la institución en prevención y mantención del orden público; del desorden administrativo y financiero que facilitó un enorme fraude fiscal; de prácticas como montajes, adulteración de grabaciones y otras burlas a los protocolos que han terminado en lesiones y mutilaciones.

¿Qué hacer? Primero, mayor control de parte del Ministerio del Interior: el presupuesto debe ser solicitado, defendido y dirigido desde ahí. Segundo, decisión política para investigar y sancionar a quienes resulten responsables, por el bien de todos, de los propios Carabineros -de aquellos que cumplen con apego a la ley y a su juramento sus funciones- y de Chile.

Para lo anterior no es necesario esperar hasta que se hayan reformado las leyes. Basta con que el Ministro del Interior ejerza adecuadamente sus facultades. Ya existen leyes para que Carabineros se desempeñe conforme a la Constitución y los DD.HH.

En otras palabras, mientras no concluya la reforma en profundidad que la situación amerita, no podemos quedarnos mirando cómo se agiganta el foso entre la ciudadanía y Carabineros. Ocupemos hoy el poder de la ley, de los presupuestos, de los decretos y los reglamentos para proteger a nuestros compatriotas y a la propia policía de sí misma. Con voluntad política se puede lograr una intervención en el corto plazo y al mismo tiempo sentar las bases para una transformación desde la raíz.

Chile necesita respuestas hoy y mañana

Recomendaciones del Consejo de Reforma a Carabineros

El 8 de diciembre de 2019, a raíz de las dificultades para garantizar el orden público y de las graves denuncias sobre violaciones de los derechos humanos por parte de miembros de Carabineros de Chile con ocasión de las
movilizaciones y hechos violentos iniciados el 18 de octubre del mismo año, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, convocó a distintos actores para conformar un Consejo para la Reforma de Carabineros de Chile, cuyo objetivo general fue complementar el proceso de modernización de policías llevado a cabo por el Gobierno con propuestas destinadas a mejorar la eficacia en el control del orden público con pleno respeto a los Derechos
Humanos.

Preocupa la respuesta de las autoridades civiles ante graves denuncias

Por Paulina Vodanovic
La Tercera
02.03.2020


La Alta Comisionada Michelle Bachelet y Amnistía Internacional han tenido que volver a pronunciarse sobre la extensión y gravedad de las violaciones a los derechos fundamentales en el intento de los agentes del Estado por mantener el orden público.

Lo que corresponde en una democracia es acoger este tipo de recomendaciones y tomar medidas efectivas. Nunca está de más repetirlo: quienes conducen el gobierno deben preocuparse de las vidas
de todas las personas que habitan en este país.

Es por eso que vemos con preocupación las respuestas de las autoridades políticas civiles de las cuales dependen las fuerzas estatales ante hechos confirmados y documentados.

Poner en tela de juicio la credibilidad de organismos internacionales –en los cuales descansa parte importante de la protección de los derechos humanos a nivel global– es inquietante por varias razones. Junto con la pregunta por la real capacidad del gobierno de asegurar el adecuado funcionamiento de Chile y sus instituciones, cabe preguntarse por la valoración de los derechos humanos.

La validez de los informes emitidos por organismos que velan por la defensa y promoción de los DD.HH. no puede quedar supeditada a la
conveniencia del gobierno, sea cual sea. Pero además, se ha instalado un manto de duda sobre el compromiso real por determinar las responsabilidades por los atropellos cometidos. Tanto a nivel operativo como político.

Todavía es tiempo de revertir estos errores. Piñera y su equipo ministerial aún pueden cambiar de actitud y dar cumplimiento a las obligaciones internacionales y nacionales de respeto, promoción y protección de los derechos fundamentales de todas y todos. De lo contrario, es difícil pensar en una peor estrategia para generar confianzas que ayuden a alcanzar acuerdos políticos amplios.

Comisión de Reforma a Carabineros, Decreto 103

Creada por el Gobierno e integrada por el presidente de la Corte Suprema, los ministros del Interior y Seguridad Púbica, Hacienda y Justicia y Derechos Humanos, el fiscal nacional del Ministerio Público, el contralor de la República, los subsecretarios de Interior y Prevención del Delito y el general director de Carabineros.

Desafíos presentes y futuros: Policía, democracia y derechos humanos

Por Paulina Vodanovic
Mensaje
05.05.2020

La calidad de nuestra policía es uno de los pilares de un buen funciona-
miento democrático. Además de la seguridad, de ello dependen temas tan
centrales como la igualdad ante la ley, el ejercicio de las libertades y las condiciones para que exista una cultura de respeto de los derechos humanos. Dicho de otro modo, en las prácticas policiales descansa
parte importante del pacto social sobre qué cabe esperar del Estado.
Siguiendo la clásica definición de Max Weber, en un Estado son los gobernantes los detentores del monopolio del uso de la fuerza legítima. Las sociedades han dejado en manos de personas especializadas, por su formación y profesionalismo, el ejercicio de dicha fuerza legalmente
aceptada, las policías. Pero esto tiene una contrapartida que no podemos olvidar: hay reglas para el uso de dicha fuerza y hay un control del conjunto de la sociedad sobre estas acciones, porque de allí pro-
viene la legitimidad que se les reconoce.

Por eso hoy Chile espera más de sus policías, en particular de Carabineros.
Durante el estallido social quedaron al descubierto las limitaciones de la institución para cumplir su misión de asegurar seguridad y orden público. La complejidad de la situación invita a la prudencia al momento de evaluar las deficiencias operativas y de inteligencia. Pero donde no hay dos lecturas posibles es sobre la gravedad de la extensión de vejaciones y atropellos a los derechos fundamentales de manifestantes y detenidos.

Recordemos que, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, 3.838 personas resultaron heridas desde el 18 de octubre 2019 al 19 de marzo, en prácticamente todo Chile y en un número muy mayoritario como resultado de acciones policiales. Tan preocupante como los abusos es la falta de transparencia para la entrega de información y la rendición de cuentas al país. Los antecedentes son más que suficientes para señalar que el control civil está lejos de estar asegurado, afectando directamente la legitimidad institucional y la credibilidad estatal en su conjunto.

Atendiendo a la gravedad de la crisis de Carabineros, el go- bierno ha puesto finalmente en marcha una reforma, frente a la cual interesa precisar algunos desafíos, presentes y futuros.

En busca de una reforma real

El primer desafío es convocar a todas las fuerzas políticas y sociales para hacer una transformación de fondo a Carabineros de Chile. El rol del gobierno es determinante en este punto y todavía está por verse si existe una auténtica voluntad política de hacer cambios profundos. Está en lo correcto el ministro del Interior cuando señala que no todo pasa por nuevas leyes, pero sería altamente inquietante que eso se traduzca en meras modificaciones de reglamentos y actualizaciones de protocolos.

Ha sido precisamente ese tipo de respuestas lo que nos tiene en la situación actual. Cuesta creer que problemas estructurales, como la débil tuición de la autoridad civil, se pueden resolver sin modificar la composición de los cuerpos decisorios o las atribuciones y dependencia de los órganos de control. Por el bien de nuestra democracia, esperamos que esta sea una
reforma real y no solo una operación de maquillaje.

Un rol para la sociedad civil
El segundo desafío es la participación, es decir, quiénes deben ser parte del proceso de reforma, si queremos que, al fin, se asuma como una tarea de Estado. Debe haber una participación que lo garantice, más aún cuando el gobierno anticipa que la reforma se extenderá hasta el 2027, cuando se cumpla el aniversario número cien de la fundación de Carabineros de Chile.

Esto pasa al menos por cuatro aspectos. Uno, debe estar asegurada la diversidad de visiones especializadas, para que se ponga al servicio de esta compleja reforma todo el conocimiento y experiencia acumulada desde el terreno, la investigación y la evaluación de las políticas públicas. Dos, se debe pensar en algún modo de garantizar una cierta estabilidad de los cuadros técnicos responsables de empujar hasta el 2027 la reforma, para que los aprendizajes no se pierdan en cada cambio de gobierno. Tres, debe, de una vez por todas, permitirse a la sociedad civil ser parte de la discusión, siguiendo las mejores experiencias comparadas. No habrá cambios de fondo si la discusión se reduce a autoridades y expertos, como tampoco puede pensarse en avanzar a una mayor vigilancia ciudadana si no se hace parte a la sociedad civil desde el inicio. Cuatro, merece una especial atención la forma en que Carabineros participe: que un incumbente se haga cargo de su propia reforma genera varias complejidades.

Compromiso con la dignidad de las personas
Un tercer desafío es que los derechos humanos sean parte constitutiva de la reforma de Carabineros. Chile debe aspirar a que su principal institución policial tenga un compromiso inquebrantable con la dignidad de toda persona. Eso no va a ocurrir sin una decidida acción política. Hasta ahora, esta materia no ha sido contemplada como tal en la propuesta del gobierno, la que solo menciona dentro de los puntos prioritarios la «prevención de conductas indebidas, tanto en lo operativo como en lo financiero». El grupo convocado por la Comisión de Seguridad del Senado (Espacio Público, Chile 21 y Paz Ciudadana) sí considera el tema de DD.HH. como uno de los cinco principios de la reforma. ¿Por qué? Porque es parte de los estándares internacionales de modernización policial y de avance democrático. En el caso chileno, esto adquiere aún más importancia para la recuperación de la legitimidad y para dejar en el pasado los horrores de la dictadura.

La policía debiera ser la primera promotora y defensora
de los derechos humanos de todas las personas por igual. No solo evitar vulnerarlos, también promoverlos activamente. No es una utopía, es lo que debiéramos pedir en el siglo XXI a los agentes del Estado responsables del orden público. Carabineros puede avanzar a una cultura organizacional verdaderamente comprometida con los derechos humanos y que esta sea parte de su sello distintivo y orgullo institucional, tal como alguna
vez fueron las conductas de probidad.

Este cambio pasa por una profunda revisión de la formación de todos los funcionarios, oficiales y suboficiales. No basta con incorporar más horas de DD.HH. en la malla curricular, se debe llevar al trabajo en terreno, a la aplicación en los procedimientos operativos. El discernimiento ético debe tener la misma importancia que la eficacia en las labores de control del orden público y debe quedar reflejado en los desempeños y ascensos.

Ello implica, entre otras cosas, capacitaciones experienciales periódicas. Sólo así empezará a cambiar el acercamiento al tema por parte de los funcionarios y los protocolos dejarán de ser letra muerta. Además, la reforma debe hacerse cargo de una revisión exhaustiva de los mecanismos de control interno y externo para investigar y sancionar abusos. Tal como señalan las recomendaciones de Human Rights Watch, se debe «reformar el sistema de disciplina para que las decisiones disciplinarias las adopte una autoridad que no esté en la cadena directa de mando de la persona implicada».

Finalmente, debe avanzarse mucho más en la rendición de cuentas a la ciudadanía, materializando el monitoreo y la dependencia de los uniformados ante el poder civil. El informe de la Alta Comisionada de DD.HH. de Naciones Unidas propone, por ejemplo: «Impulsar reformas estructurales que asegurar la supervisión civil y el monitoreo independiente de sus actividades, fortaleciendo la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas como principios rectores».

En definitiva, estamos a tiempo de recuperar el tiempo perdido y evitar que nuestra policía siga actuando con una autonomía que es peligrosa para la institución y nuestra democracia. Una institución que transparente sus acciones y con mecanismos de control abiertos a la supervisión de toda la sociedad tendrá el respaldo de todo un país. Chile, su democracia, su gente, no pueden seguir esperando.